La actual elección presidencial en Chile ha abierto una importante discusión sobre la necesaria renovación de la política. Esta ha tenido particular impacto en la Concertación y en especial en la Democracia Cristiana, mas allá de su Congreso Nacional, realizado hace poco.
Saltándonos olímpicamente los lugares comunes que hacen referencia al recambio de rostros, a la manera y con lenguaje de la farándula, o al cambio en el promedio de edad, tal vez necesario pero por cierto insuficiente, o a apelaciones vagas a “cambios de estilo”, el desafío de renovación política se sitúa en el campo de la construcción de proyectos colectivos. De ahí la importancia que adquieren los vilipendiados partidos políticos.
El apoliticismo reinante se basa en dos creencias muy difundidas: una que hace referencia a los partidos como organizaciones cerradas, dominadas por unos pocos para provecho exclusivo de esos pocos; y la otra, a la futilidad absoluta de la participación en la acción publica por inútil en si misma, en especial para el provecho personal. El cuidado de la libertad personal se convierte así en el fundamento valórico del apoliticismo.
El apoliticismo reinante tiene consecuencias abiertamente conservadoras pues sirve de manera directa a los intereses de la minoría que sostiene importantes cuotas de poder y en especial de riqueza en nuestra sociedad que buscan mantener este orden de cosas. La desigualdad se ve reforzada pues se cree que todos trabajan a favor de ella o que sencillamente es inmodificable. La libertad personal que tanto se cuida queda vaciada de contenido, pues de que sirve una libertad que no nos permite cambiar el mundo, ni nuestro entorno.
Asimismo, tiene una raíz en la falta de compromiso con el sistema democrático. Desde la izquierda por la insatisfacción por la lentitud o impotencia de los procesos democráticos para lograr avances sociales y desde la derecha por considerarla subversiva respecto del orden establecido. Angulo que no nos ocupa en esta ocasión.
Resuelto el tema del apoliticismo o del compromiso democrático, la definición tiene que ver con el orden social, político, cultural y económico que caracteriza nuestra época.
Para quienes creemos que el orden social existente en una sociedad organizada en el capitalismo se basa en la injusticia y el egoísmo buscamos su transformación mediante la acción política como un campo privilegiado de la acción comprometida con esos cambios.
Por cierto, hay una premisa común, el traslado de la ley de la selva en la que “el fuerte se come al débil”, trasladada mecánicamente al orden social, constituye un atentado a la dignidad y al desarrollo de la persona humana. Por tanto, nos oponemos a quienes creen en el mercado como utopia ordenadora de todo el orden social y económico. Pues creemos que atenta contra la liberación de la persona humana.
Esta definición, se basa no solo en la constatación del fracaso moral de un orden social que condena a millones al hambre, la pobreza, la enfermedad y la ignorancia, sino que en el concepto mismo del hombre que dicha visión encierra. La de un animal evolucionado en sus capacidades racionales que se motiva solo por el interés material y la maximización de sus ganancias y beneficios.
En general creemos que asumir una posición, en el conflicto social que opta por los desposeídos y los más débiles, y no por los poderosos, los ricos y los satisfechos implica una definición radical de los medios y las fuentes de poder que son validas a la hora de la acción política.
No será la representación de las grandes fortunas, ni el poder económico la que organizará a las fuerzas de la justicia social.
Será la organización de partidos que representen mayoritariamente a los sectores sociales que sufren ante el poder de la concentración económica y de los grupos privilegiados. Esos partidos, que creen en la gente y en sus organizaciones, los apoyen en sus demandas y los ayuden en su organización, serán los que auténticamente puedan llamarse “progresistas”.
En su defecto, se transformaran en partidos condenados a “degollar” la participación interna, ahogar los liderazgos emergentes, transar sus posiciones en el mercado del financiamiento de las campañas políticas ante los conglomerados económicos que requieren del apoyo del estado para maximizar sus ganancias. Para eso siempre habrá voluntarios para integrarse a esas pequeñas oligarquías. Se justificaran con argumentos tecnocráticos o con sutiles apelaciones familiares de carácter feudal, pero finalmente terminaran representando a los intereses de quienes los financian.
La crisis de desigualdad que atraviesa toda nuestra America Latina desde el Rio Bravo hasta la Patagonia, injustificable desde el punto de vista de las enormes riquezas que Dios le otorgó a nuestro continente, se basa en el fracaso de las minorías que han suplantado a sus pueblos y con sus intereses en la conducción de sus paises, mediante caminos autoritarios o en remedos de democracia corruptores del esfuerzo de liberación.
La Concertación en Chile ha sido una de las respuestas mas audaces desarrolladas en nuestra historia. La Unidad política y Social del pueblo que constituye mayoría democrática para impulsar los cambios y logra recuperar la democracia pacíficamente; reducir la pobreza de manera inédita en esta parte del mundo; integrar al país al concierto internacional; y construir un proyecto político cuyo basamento se encuentra en la ampliación y respeto de los Derechos Humanos y la protección social de los mas débiles, ha sido el mayor esfuerzo de renovación política de nuestra historia.
Sin embargo, este esfuerzo se encuentra condicionado por los costos de la transición política. Ha llegado la hora de recuperar la organización desde debajo de la demanda popular para representarla en el campo político. Esto requiere una profunda transformación institucional y un esfuerzo de movilización social que regenere el tejido orgánico de la sociedad destruido por la dictadura y postergado por la democracia. Que constituye la principal fuente de educación cívica conocida por nuestra civilización: la participación.
Quienes califiquen esta idea como añeja o fuera de la historia ignoran absolutamente las tensiones que nuestra patria deberá asumir a partir de este nuestro Bicentenario. Y que paradójicamente la derecha se ofrece para dar las respuestas con la consigna del “cambio”.
El egoísmo cultural que afirma la filosofía del “agarra lo que puedas” y que anima las “luchas sociales” de nuestro tiempo sin consideración ninguna con el bien común o de la solidaridad social constituye la peor presión sobre nuestra economía en desarrollo. Pues el subdesarrollo es finalmente eso: un sistema económico que no es capaz de satisfacer las necesidades de todos sus integrantes.
Las respuestas que terminan conduciendo estas mareas de demandas se denominan populismo. Los hay de derecha y de izquierda y las consecuencias las pagan los países no solo los más pobres. Son en general, retrocesos históricos y sobre todo uno de los mecanismos de desesperanza aprendida mas duros de nuestra historia que de paso sacrifican la democracia.
La renovación que se requiere implica la necesidad de partidos comprometidos con los conflictos sociales de nuestro tiempo, capaces de abrir sus agendas a las temáticas que se le presentan a la humanidad y a los pueblos y que en otras épocas era imposible asumir o simplemente fueron consideradas como no prioritarias. El cambio de dirigentes será una consecuencia de esta renovación y no una solución. Esta perspectiva siempre tiene el riesgo de ser un “leopardismo clásico”: “cambiarlo todo para que no cambie nada”.
Estos partidos renovados deberán demostrar su renovación en la capacidad de formar cuadros y lideres, impecables desde el punto de vista técnico, pero mucho mas importante, con las habilidades de organización y disciplinas sociales y cívicas que requiere la acción colectiva de hoy para asumir la transformación de nuestro país y no solo para administrar lo que hay. La renovación de la política será pedagógica o no será renovación.
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